El lunes 10 de agosto de 2020, el Juez Jorge Luis Solís Aranda, del Centro de Justicia para las mujeres de Puerto Vallarta, vinculó a proceso a Luis Alfonso “N” por el delito de abuso sexual infantil, pero sin la agravante de corrupción de menores. La vox-populi rechazó su determinación.

Contrario a lo que manifestaron decenas de medios de comunicación, a Luis Alfonso “N” (ahora ex director de recursos humanos de la Policía Municipal de Jalisco), le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, hasta el momento, no hay determinación en contrario que le permita al imputado gozar de su libertad en lo que dura el proceso instaurado en su contra.

Independientemente de lo correcto o incorrecto de su determinación, la cual me encontraría imposibilitado de emitir una opinión pues desconozco el contenido de la investigación y de la forma en la que se desarrolló la audiencia inicial, llama mucho la atención lo que aconteció después de la resolución de no vinculación a proceso por la agravante corrupción de menores: casi inmediatamente después de que organizaciones civiles y que el Tribunal de Redes Sociales empezaran a mostrar inconformidad con la determinación del Juez de Control, el Gobernador del Estado de Jalisco comenzó a lanzar una serie de twits condenando -apriori- a dicho Juez de Control.

Si leemos correctamente las “declaraciones” de Enrique Alfaro, nos podremos dar cuenta de la siguientes cuestiones:

1.- Además de gobernador, Enrique Alfaro considera tiene la capacidad de ser Juez. 2.- Se logra entender que el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la Fiscalía de Jalisco son subordinados del Gobernador.

Este caso, como muchos que indignan a la población, al volverse público, es aprovechado por personajes para aumentar su control político de otros poderes y que evidentemente la gente le aplaude. El Tribunal de las Redes Sociales es feliz con ver personas en la cárcel, sin entender la importancia de un debido proceso y de los principios Constitucionales que debe de regir un proceso penal, casi como si dieran por hecho que nunca estarán en un banquillo de imputado, peleando porque en todo momento se respeten sus Derechos Humanos.

Peor aún, días después, se supo que el Juez Solís Aranda fue destituido de su cargo como Juez de Control, y el día de ayer se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas bancarias. Todo esto, en menos de una semana.

Y no es que esté a favor de la negativa de imponer una agravante de corrupción de menores al imputado, sino que el que un asunto y una resolución se vuelva mediática, no da el poder ni la capacidad a ningún ente a efecto de empezar una cacería de brujas en contra del Juez o Tribunal que dictó dicha determinación.

Recordemos que todas las determinaciones de un Juez de Control son recurribles por los medios idóneos, previamente establecidos en las leyes. Recursos que se encuentran como un derecho de la víctima y como una obligación tanto para el Ministerio Público como para el asesor jurídico, en su caso. El castigo mediático y las presiones políticas, en un sistema que presume la división de poderes que históricamente ha dominado en la época contemporánea, son actividades que simplemente no pueden ser aceptadas bajo ninguna circunstancia.

Independientemente de que los recursos que pueden ser revisados por Magistrados, Jueces de Distrito o Tribunales de Distrito son los que deben de imperar en un estado de Derecho, existen mecanismos para sancionar a un Juez por un evidente mal uso de sus funciones, las cuales tienen su base en el sistema administrativo sancionador, el cual por su misma naturaleza, le impera todavía la presunción de inocencia a mencionado Juez.

Este tipo de actos, en el cual la vox populi determina “el destino” de una persona recuerdan meramente a actos de la inquisición. Basta recordar que aquellos que por redes sociales y con poder político influyen en determinaciones Judiciales, no se dan cuenta de las consecuencias de la monstruosidad que están creando.

Sin duda, y con el poder que se está dando a la gente para poder determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, es una época muy difícil para ser Juez.