El 8 de marzo en que se conmemora el día internacional de la mujer decidí escribir este artículo, al ver como los poderes ejecutivo y judicial del estado, la Fiscalía general y diversos órganos de gobierno de manera triunfalista destacaban firmas de “convenios interinstitucionales” o “pactos” por la justicia de género, todos supuestamente en beneficio de una debida procuración y administración de justicia para las mujeres que sufren violencia de varios tipos, desde la psicológica hasta la sexual.
No se puede tolerar que a los cuatro vientos los operadores de los poderes del estado y Fiscalía de Oaxaca pregonen de manera cínica supuestas políticas en apoyo de la mujer, que quedan únicamente en discursos huecos hechos en fechas importantes, ya que las mismas “políticas de beneficio a la mujer” no aterrizan como debiese en los juzgados y fiscalías encargadas de velar realmente por los derechos de la mujer.
Siendo estudiante de la licenciatura en derecho, el Licenciado Vásquez Escamilla D.E.P. en clase comentó: “ningún juicio positivo universal es verdadero, así como ningún juicio negativo universal lo es” lo cito pues al comentar de errores no me refiero a todos los servidores públicos pues hay quienes si tienen responsabilidad, no tienen precio y saben que su actuar debe ser conforme a derecho y de manera expedita, que si tienen vocación de servicio, por desgracia son los menos, pues la inmensa mayoría burocratizan su labor.
Con el discurso no se soluciona el hecho de que una madre, al tener la necesidad de demandar alimentos para ella y sus hijos, y si no tiene recurso para contratar un abogado particular, recurre a la defensoría pública, el primer obstáculo que tiene es la pasividad para elaborar la demanda de alimentos, la petición injustificada de una serie de requisitos que dilatan su presentación y en caso de que se quiera presentar por comparecencia que está permitido, el obstáculo de los órganos jurisdiccionales las remiten a la defensoría pública argumentando que carecen de personal por estar en audiencias. Debe decirse que se agrava esta situación en diligencias que deberían acordarse de manera rápida y urgente como la recuperación de menores.
Ya presentada la demanda ahora la justiciable tiene que esperar su turno para que acuerden su petición, que varía, a veces pasan meses sin que se acuerde, una vez proveída la demanda el otro obstáculo será el ejecutor para emplazar al demandado pues lo tiene que hacer con base en su agenda y si se ordenó giran oficios hay que esperar que salga de la mesa de cumplir para seguir con la prosecución judicial, ¿en serio, no se dan cuenta que los alimentos son de momento a momento y ninguna situación justifica su demora?
Emplazada la parte demandada, si se puede, ya que muchos son aconsejados de manera indebida de esconderse o evitar esta diligencia, lo que demorará de manera indefinida la apertura de las subsecuentes etapas procesales. Superado el emplazamiento entramos al señalamiento de audiencias, esto con base a como “lo permita la agenda del juzgado” y pueden transcurrir meses para que se lleven a cabo, si es que no hay algún motivo para su diferimiento que también pueden pasar meses para que se celebre y agréguenle el tiempo en que se tardan para acordar escritos, que también son largos, de hecho hay acuerdos recientes de promociones presentadas el año pasado y que se han logrado por la intervención de justiciatel, que realmente su creación fue una excelente idea, pero cuando recurres a justiciatel y se tienen resultados se molestan los señores servidores públicos judiciales, sin tomar en cuenta que el atraso es de ellos. Existen casos que los acreedores alimentarios al iniciar el proceso son menores de edad, pero al transcurrir años en el proceso, llegan a adquirir la mayoría de edad y se tienen que apersonar por derecho propio ya no representados por su madre, en serio pasan años para culminar un juicio de alimentos.
Ahora vayamos con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aquí estamos peor, independientemente de que impera la corrupción; el primer obstáculo que encuentra una madre que desea presentar su denuncia por violencia familiar en el supuesto de violencia económica, es la negativa de los ministerios públicos, que se oponen tajantemente a recibirlas, ya que una vez que “escuchan” a la víctima argumentan que no es competencia penal y les indican que recurran al juzgado familiar o bien mandar el asunto a los facilitadores para que se trate de llegar a un convenio, presumo que lo hacen para quitarse trabajo o maquillar estadísticas ocultando la realidad, pero realmente el deudor alimentario si no hace caso a medidas provisionales de un juzgado familiar, menos va a acudir o cumplir con un convenio ante facilitadora.
Si es deficiente el actuar de la fiscalía en este tema, es dramático lo que pasa a niñas, adolescentes o mujeres víctimas de violencia sexual o delitos sexuales, puesto que si bien reciben las denuncias, las carpetas de investigación se quedan en el limbo, ya que por un lado el policía requiere apoyo económico a las víctimas para hacer los actos de investigación y si no se les da dinero no los hacen, en tanto que el ministerio público que las integra con el pretexto de tener excesiva carga de trabajo no cumple con su función investigadora, dejando a un lado que la obligación que tienen es de estado, no es hacer un favor a los justiciables, pero cuando se nombra un asesor victimal se molestan y argumentan a las víctimas que no era necesario nombrar abogado.
Ante esto surge el incidente por omisiones del ministerio público en su obligación de investigar ante el juez de control quien al percatarse que realmente no se cumple con dicha obligación constitucional, determina que la persona que representa a la institución cumpla realmente con su función. Citaré un caso de una indagatoria, donde se inició carpeta de investigación en el mes de mayo del año pasado por violación equiparada, en diciembre de ese año cuando se verificó la carpeta, no existía un solo acto de investigación que acreditara hecho y participación, únicamente la denuncia, se solicitaron actos de investigación como asesores jurídicos de víctima en enero y solamente por el control judicial se acordaron, aunque el ministerio público de manera mentirosa y mañosa trató de justificar su omisión, y actualmente se está realizando la actividad investigadora en el término fatal incluso para ejercer acción penal que fijó el órgano jurisdiccional.
Independientemente del hecho al promover los incidentes de control judicial, bien sabemos que se ocasionará la molestia del ministerio público, pues culpan al asesor del porqué se le lleva ante el juez e incluso ofenden e injurian la actividad del asesor, sin reconocer que los que ocasionan los incidentes son precisamente los ministerios públicos que no cumplen con su función y mucho menos toman en cuenta que en Oaxaca existe una alerta de género que les exige más responsabilidad. Nuestra función de litigante no es quedar bien con los servidores públicos ni darles la razón por su función, nuestra obligación es con el cliente que nos contrata, con nadie más.
Para cerrar el tema, y cuando uno pretende entrevistarse con el fiscal general para hacerle de su conocimiento irregularidades no se encuentra. Hay una situación de la que me percaté de los últimos tres titulares de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que cuando se le iba buscar al antepenúltimo y penúltimo y se le va a buscar al actual nunca se encuentran en su oficina, y posteriormente se entera uno por la prensa que se andan tomando fotos, firmando convenios o en eventos oficiales donde los servidores públicos se alaban mutuamente.
El exfiscal general de Oaxaca, el Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fue el último fiscal general al que a pesar de la antesala podía llevarse horas, recibía para la atención personalizada de los justiciables y abogados, como lo hacían todos sus antecesores, lo que ahora ya no se hace puesto que se considera la titularidad de la fiscalía como un puesto de proselitismo, delegando facultades en otros servidores.
Todo lo escrito es con conocimiento pleno de causa por mi ejercicio como abogado litigante y tengo los expedientes familiares, carpetas de investigación y cuadernos de antecedentes judiciales que demuestran mi dicho y lo comento porque el hecho de guardar silencio, ante una realidad negada por los entes de gobierno, también es tolerar lo que no existe en la práctica, sino únicamente en el discurso y la fotografía.
En cuanto al Poder Legislativo, que les puedo decir, el tema lo usan como bandera política para conseguir sus fines personales.
Quedo de ustedes.
Mtro. en Drcho. Constitucional: Gerardo Fco. López Thomas.
